El jueves 15.11.16 -con participación de directivos de la entidad anfitriona, funcionarios municipales, provinciales y nacionales-, ante 80 referentes de varias localidades de la provincia de Entre Ríos, se hizo una jornada para explicar el espíritu y alcance de la ley nacional 27279 recientemente sancionada, sobre el destino de los envases vacíos usados con fitosanitarios, legislación que abarca todo el territorio nacional, donde las autoridades provinciales harán los controles en cada lugar.

La ley apunta garantizar que la gestión de los envases vacíos sea efectuada de modo que no efecte a la salud de las personas ni al ambiente; asegurar que el material recuperado no sea empleado en usos que puedan implicar riesgos para las personas ni animales, prohibiendo el abandono, quema o enterramiento de envases, como así también entregarlo para uso en otros fines.

Se señaló que anualmente se utilizan 20.000.000 de envases de productos fitosanitarios en todo el país, los cuáles -en gran parte- son quemados, enterrados o simplemente tirados en el lugar donde se utilizaron. Son 16.000 toneladas de plástico, que de ser prensados para ser reciclados, requirirá de 500 viajes de camión. En Entre Ríos se calcula que se emplean 1.000 toneladas de plástico por año, de los cuales el 60% son envases de 20 lts. Se calcula que recién en 8 años se terminará de procesar todo el remanente que no se procesó estos últimos años.

La nueva legislación nacional que entra ahora en vigencia es de presupuestos mínimos, o sea que es el mínimo a aplicar en todo el país, pero ésta ley puede ser modificada por las legislaturas provinciales y municipales solamente para ser más estrictas, pero nunca para ser menos exigente.

Lamentablemente, los municipios en muchos casos legislan en función a la presión social. En la medida que haya temor en las comunidades por desconocimiento, desinformación o por el mal uso de los productos, la legislación local será más exigente, en algunos casos desmesuradamente rigurosa. La única solución es el uso de las BPA (buenas prácticas agrícolas) concientizando a los productores a cumplir y hacer cumplir la ley, comunicar e ilustrar en cada comunidad la diferencia entre productos inocuos banda verde (la mayor proporción de los utilizados) y los recaudos que se tienen para aplicar los que tienen cierta toxicidad (banda amarilla) y los más tóxicos (banda roja en el menor número de casos) para así esclarecer sobre la responsable aplicación de productos, reemplazando el miedo colectivo existente por el conocimiento en cada comunidad.

El agro no puede tener un enfrentamiento con la opinión pública urbana por negligencia en la aplicación de fitosanitarios de unos pocos infractores y la población urbana debe tener una clara comprensión de que los fitosanitarios -bien utilizados- son muy necesarios en el planteo sanitario de un cultivar. Sin ellos la producción agrícola se reducirá en un 20 al 40% por plagas y enfermedades. El aceite de ajo es un buen producto orgánico para utilizar en un jardín, no en 1.400.000 has agrícolas que tiene la provincia. La sociedad debe otorgar a quienes hacen las cosas bien una suerte de licencia social para producir incorporando tecnología, entre ellas, los fitosanitarios.

Los concejales deben reconsiderar el sistema de parcelamiento y zonificación en zonas del ejido de cada localidad (3.000 a 5.000 has) y los legisladores provinciales el uso del suelo que esté fuera del área municipal, por que los loteos inmobiliarios -año a año- van corriendo la frontera de la producción agrícola preexistente. Es el derecho a producir que tiene el productor quien -de un día para el otro por un fraccionamiento residencial- queda fuera del sistema como agricultor. En EE.UU no se pueden hacer loteos en cualquier lado, hay una legislación que regula el uso de la tierra para fines inmobiliarios, para proteger los derechos del productor a producir.

Los productores, técnicos, proveedores y quienes conformen la cadena de valor agrícola, deberán formarse, capacitarse y actualizarse para hacer la trazabilidad de los envases ya utilizados. Los envases tendrán que ser protegidos del sol y clasificados en A y B, los primeros como aquellos que pueden perforarse y lavarse (bidones) y los otros, como lo que no puede ser lavados: cajas, bolsas, latas, etc. Los envases utilizados se podrán llevar en la caja del vehículo del productor hasta alguno de los 120 centros de almacenamiento transitorio (CAT) que la industria proveedora de fitosanitarios construirá en diversas cuencas agrícolas. En Entre Ríos está previsto -inicialmente- instalar 7 CAT.

El Colegio de profesionales de la agronomía de la provincia ha realizado un convenio con las autoridades para formar, capacitar y actualizar técnicos y aplicadores. En la evaluación final de la primera camada de profesionales resultaron reprobados el 25% de los inscriptos, quienes debieron recursar el programa. Entre los 380 aplicadores de equipos terrestres que se capacitaron, hubo 40 que no cumplieron con los requisitos mínimos. Por otro lado, se dictaron 8 cursos para las fuerzas policiales de campaña, quienes habitualmente reciben las denuncias de los vecinos afectados por el mal uso de los agroquímicos. Este es un buen ejemplo de articulación pública-privada con una evaluación seria y objetiva de la capacitación impartida.

Un equipo nuevo de aplicación terrestre (Mosquito) es una inversión de 300.000 u$s, pero la inversión en capacitación del operario es de cero pesos. En varias localidades de la provincia, más de la mitad de los equipos que pulverizan no están registrados, por lo que en caso de mala praxis las entidades gremiales y técnicas en ese medio, no pueden justificar lo indefendible. El caso de la Sociedad Rural de Gualeguaychú es un muy buen ejemplo de responsabilidad social empresaria (RSE). Directivos de la entidad acompañan al productor que debe hacer la denuncia policial de un aplicador que hace mal su trabajo en determinada zona rural.

Cuando la sociedad vea que los envases utilizados se almacenen en los centros autorizados -de acuerdo a un programa de trazabilidad del producto fiscalizado- y sabiendo que el mismo será solo reutilizado como plástico para fines predeterminados controlados por el Ministerio de Ambiente y autoridades provinciales (ejemplos: cobertura exterior de cable coaxial, durmientes) una parte significativa de la gente le dará al productor la licencia social que el agro requiere para producir más y mejor con el buen uso de productos fitosanitarios.